¿Dónde está mi hijo? 2 testimonios del dolor por los cerca de 100 mil desaparecidos en México

Por Juan Carlos Aguilar 

CIUDAD DE MÉXICO, 5 de marzo (Al Momento Noticias).- Hace cinco años y un mes, la angustia se apoderó de María Guadalupe Martínez. Desde entonces, rosario en mano, suplica cada noche por un milagro. Uno solo: poder reencontrarse con su hijo desaparecido, no importa cómo: vivo o muerto…

“Quiero recuperarlo como sea”, dice María Guadalupe, quien desde el 25 de enero de 2009 duerme entre pesadillas. Olvidada de sí misma, comenzó su viacrucis aquel fatídico domingo que su hijo —el ingeniero civil José Antonio Robledo Fernández, entonces de 32 años— fue secuestrado por cuatro individuos.

Por testimonios, sabe que lo bajaron a golpes de su camioneta X-Trail 2004 y que se lo llevaron con rumbo desconocido. Fuera de eso, todo es un misterio. Nunca más volvió a saber nada de él. Cuando se enteró de la noticia, María Guadalupe no lo podía creer: tan sólo una hora antes había hablado por teléfono con su hijo.

Antonio Robledo trabajaba para la empresa ICA Flour, en Monclova, Coahuila, gobernada entonces por el priísta Humberto Moreira, a donde se trasladó para sumarse al proyecto El Fénix, que inauguró el presidente Enrique Peña Nieto en julio de 2013.

Según contó Robledo a su madre, todo marchaba bien por allá, excepto por un detalle: la delincuencia organizada había extorsionado a algunos colegas ingenieros que vivían en un campamento vecino. “Si pasa en el nuestro, me regreso inmediatamente”, había prometido. Demasiado tarde.

Una vez ocurrido el secuestro, la empresa no sólo no movió un dedo, sino que se deslindó inmediatamente del caso. De las diferentes instancias estatales y federales  encargadas de procurar justicia no han obtenido prácticamente nada. “Ignorábamos cómo estaba de podrido el sistema de seguridad en Coahuila”.

A más de cinco años —tortuosos, desquiciantes— hay cuatro detenidos (ninguno sentenciado) y quizá más de diez prófugos. Sin embargo, lamenta la afligida madre, desde hace por lo menos dos años no ha habido ningún avance. “Ni una investigación ni un trabajo de campo, nada”. E insiste: “A mí no me importa que reparen mi daño económico, porque mi hijo no tiene precio. Lo que yo pido es que me entreguen a Antonio”.

La exigencia para el gobierno actual es clara: “Que aparezca mi hijo, que busquen a los desaparecidos, porque hay miles de desaparecidos. Lo quiero vivo o muerto, como sea”, suplica María Guadalupe, quien porta en su blusa un botón con la fotografía de Antonio Robledo.

La Procuraduría General de la República ofrece una recompensa de un millón de pesos a quien de alguna pista que permita encontrar el paradero de Antonio. El teléfono sigue en silencio. “Lo recuerdo con mucho amor. Su recuerdo me hace levantarme todo los días de la cama y no cejar en el empeño de encontrarlo”. Entonces su voz se quiebra y sus ojos se hacen agua.

“¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”. Esa es la exigencia de Beatriz Elena Flores Santoyo, madre de José Antonio Ángeles Flores, desaparecido el 23 febrero de 2012 en Piedras Negras, Coahuila.

Flores Santoyo no entiende porqué le ocurrió esto a su hijo. Eso se preguntan todas las madres; sin embargo, en este caso la pregunta cobra mayor sentido: José Antonio, de 30 años, es vendedor ambulante y es sordomudo.  Seguramente no entendió nada cuando tres hombres encapuchados, con armas largas, lo secuestraron junto con otros tres amigos, todos discapacitados.

Desde entonces la madre no sabe nada de su hijo. Al igual que Guadalupe Martínez, el recorrido de Beatriz Flores por agencias de policía, dependencias y comisiones especializadas resultó infructuoso. En el Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes (Capea) le dijeron: “Aquí sólo hacemos un registro de la persona desaparecida, pero no buscamos a nadie”.

En la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (Províctima), —transformada a principios de año en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas— ocurrió lo mismo. Desdén y falta de sensibilidad. Ella lo sabe muy bien: “A nadie le va a doler, más que a la madre, el hijo que tiene desaparecido”.

Pese a las pocas posibilidades que tiene de encontrar a José Antonio con vida, ella no pierde las esperanzas. Se entrega a su fe. “El corazón de una madre no se equivoca. Me dice: ‘espérate, porque tú hijo va a regresar y va a regresar con bien’. Estoy segura que así será”, dice.

“Este es mi hijo, mira”, dice emocionada, y muestra una fotografía en su celular. La única que guarda de José Antonio. Lo único que los une, pese a la distancia.

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María Guadalupe y Beatriz Flores no están solas en este martirio.  Son apenas un grano de arena en el desierto ominoso que construyó Felipe Calderón durante su sexenio. En 2013, ya con Peña Nieto en el poder, la Secretaría de Gobernación (Segob) reconoció la existencia de 26 mil 112 personas desaparecidas durante el gobierno del panista.

Cifra alarmante que, en opinión de diferentes defensores de derechos humanos, está muy alejada de la realidad. Y es que, precisan, el gobierno no está contabilizando a los migrantes desaparecidos, principales víctimas de la delincuencia organizada. Casas de ayuda de la frontera sur alertan sobre 70 mil migrantes que están reportados como desaparecidos en su trayecto por México, con lo cual las víctimas ascenderían a 100 mil.

De esos 100 mil —una enormidad ante los 15 mil desaparecidos durante siete años en la dictadura argentina (1976-1983)— la Organización de las Naciones Unidas conoce sólo dos sentencias por desaparición forzada. Impunidad total.

Estado mexicano, bajo sospecha

Para el defensor de derechos humanos Juan López Villanueva, de la asociación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), el diagnóstico es claro: el gobierno está rebasado por la delincuencia organizada que él mismo protege e incentiva. Dice en entrevista con Al Momento Noticias:

“El Estado mexicano se encuentra en estado comatoso. Solamente están cubriéndose algunas funciones orgánicas fundamentales como la recabación de impuestos y el pago de sueldos a la burocracia nacional. Pero respecto de las funciones garantes, de derechos para la población, hay un colapso del gobierno nacional. Además, hay la sospecha, muchas veces fundada, de que hay una colusión de muchas esferas del Estado mexicano con la delincuencia organizada.

“Las evidencias saltan por todas partes, lo digo con mucha seriedad, con mucho cuidado, pero también con conocimiento de causa. Tenemos un termómetro social que establece que muchos agentes del ministerio público, incontables jueces, servidores públicos e incluso las fuerzas armadas están vinculados con desapariciones y ejecuciones.

“No peco de excedido si afirmo que el Estado mexicano está bajo sospecha y una parte que lo muestra es la impunidad casi absoluta en el tema de las desapariciones. El estado mexicano se ha manifestado incapaz, a través de su historia, en los últimos 50 años, para resolver una sola desaparición, para esclarecer el hecho, y para llevar los responsables ante la justicia”.

En el caso de Fundem, le da seguimiento a 330 casos, de los cuales sólo cuatro han sido resueltos, y eso por accidente, no por una acción concreta del gobierno. Para López Villanueva, la colusión entre la delincuencia y el gobierno es más que evidente.

“En el ámbito internacional hay casi mil casos en los que, al menos quinientos, números redondos, se presume fueron perpetradas por agentes del Estado; es lo que se ha conocido como la guerra sucia. Yo creo que esa guerra sucia no sólo no ha terminado, sino que esta vez se realiza contra la población abierta, no sólo contra los opositores al régimen. El Estado mexicano o es incapaz o simplemente ha tomado una decisión estructural de no atender, de no investigar, de no buscar”.

-Hablar de cien mil desaparecidos requiere alguna complicidad…

-Una desaparición implica una estructura de varias personas, de una casa, de un traslado, de quién lo alimente. Ahora imagínate cien mil desapariciones. En ese sentido, es posible afirmar que el Estado colapsado no tiene capacidad de procurar justicia, de prevenir desapariciones, de investigar, de buscar, de encontrar, de reparar el daño. En mi experiencia de más de 20 años como defensor de derechos humanos, no conozco un solo caso en donde el Estado mexicano haya hecho todo eso.

Ante esta realidad, Edgardo Buscaglia, presidente del Instituto de Acción Ciudadana AC, propone crear una red nacional de familiares de víctimas, que se ha implementado con éxito en Sudáfrica, Argentina y Chile.

Ha señalado que esta “Comisión Nacional de Desaparecidos” debería estar en el Senado de la República, y estar integrada con miembros representantes de las redes de familiares de desaparecidos, así como de 3 ó 4 senadores. “Esa es la mejor práctica internacional”. Asimismo, sugiere  establecer un programa nacional de protección de testigos y denunciantes, porque sin eso  “toda acción se va a traducir en más muertos y más desaparecidos. Ante la delincuencia organizada, necesitamos organizarnos”.

Sobre esto, secunda Villanueva: “Las víctimas deben pasar de ser tales a ser actores sociales, para poder cambiarle el rostro a la nación. No podemos estar en paz, no estamos completos, nos faltan cien mil personas. INEGI dio a conocer una cifra de 102 mil personas que habrían sido víctima de ejecución o de la violencia en el convulso sexenio de Felipe Calderón.  Algo pasó en México y la sociedad mexicana tiene que entenderlo”.

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En junio de 2013, la Procuraduría General de la República, a cargo de Jesús Murillo Karam, creó la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la cual fue adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.

En su momento se dijo que su titular tendría la facultad de recibir las denuncias relacionadas con la desaparición de personas, así como realizar de manera eficaz y urgente todas las diligencias necesarias para la búsqueda y localización de las personas desaparecidas. Nada de esto sucedió. Tras ocho meses de trabajo, el resultado ha sido nulo: ni una persona ha sido localizada.  Inicialmente la Unidad Especializada contó con 12 agentes ministeriales para investigar el paradero de 26 mil desaparecidos. Una tarea prácticamente imposible. Una burla.

-¿Qué ha pasado en el gobierno de Enrique Peña Nieto? –se le pregunta a Villanueva.

-Lamento que el tema de las desapariciones no esté en la mente del presidente. No lo veo reflejado en el primer informe de gobierno. No hay trazas de cuál va a ser la gran acción del Estado mexicano en torno a un problema de envergadura transnacional y de una situación de alarma humanitaria.

Por eso es necesario que desde el dolor, desde la tragedia, haya una toma de conciencia de lo que está pasando, y a partir de ahí generar una interlocución. A un gobernador, a un secretario de Gobernación, a un procurador general de la República le es más fácil dialogar con una víctima que llora, que con una víctima que exige. Hay que hacer una unión de uniones.

Se ha hablado de que, frente a la ausencia del Estado, es vital construir otro Estado. Que ante el tejido de impunidad y corrupción, es necesario tejer otro de sensibilidad y justicia. Ese es el clamor, y la primera necesidad ante la inacción del gobierno. Para los familiares de personas desaparecidas el Estado es un cascarón vacío. “El Estado no busca y no investiga. No hay voluntad para mover un sólo caso. No se puede. Estamos en un cementerio nacional”.

Fuente: http://www.almomento.mx/donde-esta-mi-hijo-2-testimonios-del-dolor-por-los-cerca-de-100-mil-desaparecidos-en-mexico/

 

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Amnesty International: funzionari del governo messicano coinvolti in più della metà dei casi di sparizioni forzate

Città del Messico, 4 giugno. – Su un totale di 152 casi di sparizioni forzate oggetto di studio in 7 stati del Paese, 85 hanno visto coinvolti uno o più funzionari pubblici, secondo una ricerca dell’organizzazione Amnesty International. Il rapporto “Affrontare un incubo: la sparizione di persone in Messico” rivela che la maggior parte delle sparizioni si verificano a Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Michoacán e Guerrero, e nella maggior parte dei casi con l’aiuto delle autorità. “L’organizzazione crede che, sulla base delle informazioni a disposizione, per almeno 85 dei casi totali ci siano indizi sufficienti di coinvolgimento di funzionari pubblici, rendendolo così un delitto di sparizione forzata, come esemplificato nel diritto internazionale”, spiega il documento. Il rapporto riporta nel dettaglio le infiltrazioni sia nella polizia che nelle forze di sicurezza da parte di bande criminali, per questo motivo molti funzionari pubblici collaborano nelle sparizioni che vengono realizzate da queste bande criminali. Nel rapporto, Amnesty pone in luce che nei restanti casi esiste una chiara mancanza di diligenza da parte delle autorità per localizzare le vittime, indagare sulle circostanze della scomparsa e rispettare i diritti dei famigliari. “Nonostante il numero agghiacciante, le autorità hanno fallito in maniera sistematica nell’indagare e chiarire la maggioranza dei casi, incluse le situazioni nelle quali è evidente la detenzione o privazione di libertà da parte di agenti di Stato o bande di delinquenti. Il fallimento sistematico da parte delle autorità federali e statali di prendere sul serio le crescenti denunce di sparizioni, ha contribuito a creare un clima di tolleranza verso questi crimini”, sottolinea il rapporto. L’organizzazione segnala che oltre più di 26 mila desaparecidos durante i 6 anni di governo dell’ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, la giustizia messicana conta intorno ai 700 desaparecidos tra il 1960-1980 durante la così detta “guerra sporca” che si trascinano senza essere risolti. Amnesty afferma che non indagando i casi in maniera efficace ed integra, si trasmette ai criminali un messaggio d’impunità, così come il fatto che far scomparire qualcuno sia facile.

CHIUNQUE PUÒ SCOMPARIRE

 Secondo il rapporto dell’organizzazione, in Messico qualsiasi persona può essere vittima di una sparizione forzata. Si potrebbe trattare di persone provenienti da strati sociali e professioni differenti, la maggior parte sono uomini con età che oscilla tra i 17 ed i 50 anni. “Molte vittime stavano percorrendo tragitti abituali, quando furono obbligati a fermarsi da uomini armati o forze dell’ordine nei controlli. Alcune erano appena uscite da casa per raggiungere un negozio vicino o per andare a trovare un amico, ma non sono più ritornate. Altre hanno partecipato ad attività criminali, nelle quali a volte erano implicati funzionari pubblici. Ed in alcuni casi le vittime erano proprio agenti di polizia o soldati. In altri casi, la polizia obbligò le vittime a fermarsi accusati di aver commesso infrazioni stradali, false, e venivano consegnate a bande criminali o ad altre forze dell’ordine”, segnala Amnesty. Tra i desaparecidos ci sono anche alcune donne, persone in viaggio d’affari fino a persone sequestrate mentre cercavano i familiari o amici scomparsi. L’organizzazione ha documentato anche alcuni casi di migranti messicani e centroamericani che sono scomparsi mentre tentavano di arrivare alla frontiera con gli Stati Uniti. Amnesty afferma che nella maggior parte dei casi non vi sono né responsabili identificati né detenuti, a causa di mancanze nelle indagini. “Dovuta alla quasi completa impunità, della quale approfittano gli autori di questi crimini, i motivi che sono alla base delle sparizioni non sono chiari. Ciò nonostante, gli indizi a disposizione suggeriscono diverse possibili motivazioni, tra loro: riscatti, estorsioni, furti, scambi di persona, regolamenti di conti tra bande, rappresaglie per non cooperare con altre bande, reclutamenti forzato, tratta di persone, interrogatori di sospettati, persone detenute per essere coinvolte con presunte bande avversarie o per terrorizzare le comunità e facilitare il controllo del quartiere”, dice. Malgrado il disinteresse delle autorità, le famiglie indagano sulla scomparsa dei loro famigliari rischiando la loro vita. I parenti che cercano i loro desaparecidos, sono vittime, in molte occasioni, di minacce di morte.

DUE SENTENZE

Amnesty nel suo rapporto indica che nonostante le denunce e gli indizi presenti su molti dei desaparecidos, si hanno solo due sentenze di condanna durante il periodo 2006-2012 fatte dalla Procuraduría General de la República (PGR). Entrambi i casi riguardavano delitti verificatisi nel 2009 e le condanne si ottennero grazie a delle confessioni. “Nella giurisdizione statale non ci sono stati processi né dichiarazioni di responsabilità per sparizione forzata. Nel suo rapporto sulle attività del 2012, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha informato che si stava indagando su 2.126 casi di sparizione forzata e che erano giunte lamentele da parte dei familiari di 565 persone registrate come desaparecidos o non localizzate. La Commissione ha emesso 5 raccomandazioni su casi di sparizioni forzate nel 2012 e 3 nel 2011. Nessuna ha dato vita a sentenze di condanna”, indica il documento. Lo studio segnala che molte famiglie consegnano agli investigatori informazioni dettagliate, telefono cellulare di vittime, numero di matricola, dati bancari, localizzazioni di videocamere di sicurezza o dati di possibili testimoni, per i quali si accelerano le ricerche. Tuttavia, questi dati non sono neppure arrivati a destino.

RAPPORTO SIMILE A QUELLO DI HUMAN RIGHTS WATCH

I risultati di Amnesty International sono simili a quelli dell’associazione Human Rights Watch, che a febbraio denunciò la collusione di autorità di polizia con bande del crimine organizzato almeno in 60 casi e in 149 l’intervento di forze dello Stato. José Miguel Vivanco, direttore in Latino America per l’organizzazione, segnalò in quell’ occasione che ci sono testimonianze, documenti ufficiali, fotografie e video che compromettono funzionari pubblici nei casi di sparizioni. “Questo è il risultato di una guerra senza controllo, il record di violazioni dei diritti umani nei confronti dei messicani è avvenuto durante il governo di Felipe Calderón”, affermò a febbraio. Il direttore dell’organizzazione umanitaria spiegò che il Messico vive una crisi di sicurezza che è in mano al governo di Enrique Peña Nieto e che si deve combattere con indagini giudiziarie di caso in caso, e non solo per quelli documentati da Human Rights Watch, ma dei migliaia che si stimano. L’indagine è stata realizzata durante un anno di lavoro e si è tradotto in un rapporto di 193 pagine, dove sono documentate 250 sparizioni nel sessantennio passato. Nei 20 casi perpetuati tra Giugno e Luglio dall’Esercito, la Marina e la Sicurezza Pubblica a Nuevo Leon e Tamaulipas, per il modus operandi di queste sparizioni, si arrivò alla conclusione che sarebbero potuti essere pianificati e coordinati. Si riscontrò anche l’evidenza che la polizia locale a Pesquería, Nuevo León, detenne 19 lavoratori edili nel maggio 2011 e che gli stessi vennero consegnati al crimine organizzato. Il comune denominatore di tutti questi casi è il modo d’agire dell’agente del Ministero Pubblico, il quale non inizia una ricerca dei desaparecidos né indaga sui possibili responsabili. Così come nel rapporto di Amnesty, sono le famiglie che s’incaricano di realizzare le indagini sul campo, a costo di mettere a rischio le loro vite. Secondo quello che Human Rights Watch ha fatto sapere a febbraio, il Messico è al primo posto in America Latina per quanto riguarda le sparizioni forzate, poiché né le dittature in Brasile, Cile e Argentina né la “Guerra Sucia” in Messico hanno fatto tanti desaparecidos come gli ultimi sei anni nella regione messicana. Le cifre ufficiali di sparizioni in Brasile durante la dittatura militare parlano di 137 persone, mentre furono 3000 in Cile con Pinochet e arrivarono a ben 10.000 in Argentina e altri 500 durante la “Guerra Sucia” in Messico, quantità superate di molto durante la guerra contro il narcotraffico di Felipe Calderón, disse José Miguel Vivanco a febbraio. “Questo fenomeno costituisce una delle crisi più grande in America Latina negli ultimi decenni, per cifre, numero di desaparecidos, mancanza d’investigazione ed impunità locale”, affermò.

Shaila Rosagel – junio 4 de 2013 – Sinembargo.mx